Restauranteros de Coatzacoalcos analizan restringir el acceso de músicos y cantantes ambulantes a sus establecimientos. La medida se aplicaría a raíz de los requerimientos y citatorios relacionados con el uso de música en los negocios

Por Julio Escobar

Municipiosur.com

Restauranteros de Coatzacoalcos analizan la posibilidad de restringir el acceso de músicos y cantantes ambulantes a sus establecimientos, como parte de las medidas que estudian ante los requerimientos y citatorios relacionados con el uso de música en los negocios. Aseguran que su actividad principal es la venta de alimentos y bebidas, por lo que rechazan que obtengan ganancias por la reproducción o interpretación de obras musicales. El presidente de la Asociación Gastronómica de Coatzacoalcos, Manuel Enrique Olvera Gómez, informó que al menos 12 establecimientos afiliados ya han recibido este tipo de requerimientos y que otros negocios han manifestado su respaldo a la postura del gremio. Explicó que, antes de tomar una decisión definitiva, buscan asesoría jurídica para garantizar que cualquier medida se encuentre dentro del marco legal. «Tenemos conocimiento de que ahorita son 12 establecimientos que forman parte de nuestra asociación, pero han tenido la anuencia de muchos más. Nosotros no comercializamos música, nuestro giro es restaurante; vendemos alimentos de buena calidad y bebidas, no vendemos música. Si realmente quienes llegan a cantar son terceros y ellos obtienen un ingreso, ese tema les correspondería a ellos. Nosotros vamos a analizar si podemos negarles la entrada, porque no forman parte de nuestra nómina ni de nuestro equipo de trabajo», expresó Olvera Gómez. El dirigente también cuestionó la manera en que se han realizado los requerimientos, al señalar que, hasta el momento, no existe claridad sobre la identidad de los inspectores que realizan las diligencias. Añadió que la asociación agotará todas las instancias legales para esclarecer el procedimiento y defender los derechos de sus agremiados. «Vimos que estaban involucrados el IMPI y otras dependencias, pero hasta ahorita entramos a las páginas oficiales y no aparecen inspectores autorizados en esta región. Nos mandan documentación con plazos de cinco días hábiles y pareciera que la intención es obligarnos a pagar. Nosotros vamos a acudir a la Fiscalía del Estado, a la Fiscalía General de la República o a donde sea necesario, pero todo conforme a derecho. Si estamos incurriendo en una falta, que se demuestre; si no, también que se respeten nuestros derechos», sostuvo.