A siete años del ataque al bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, la Fiscalía General del Estado, finalmente aceptó la Recomendación 030/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de haberla rechazado varias veces

Por Julio Escobar

Municipiosur.com

A siete años del ataque al bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, la Fiscalía General del Estado (FGE) finalmente aceptó la Recomendación 030/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de haberla rechazado inicialmente, pese a que el documento acredita violaciones graves a los derechos de las víctimas y sus familias. La presidenta de la CEDH, Minerva Regina Pérez López, confirmó el cambio de postura de la autoridad ministerial, lo que abre la puerta a avanzar en la reparación integral del daño para las personas afectadas. Esta rectificación ocurre en un contexto de mayor apertura institucional tras el relevo en la titularidad de la Fiscalía, lo que ha permitido incrementar la aceptación de recomendaciones del organismo defensor de derechos humanos. Con esta decisión, la FGE asume el compromiso de cumplir con los puntos establecidos en la recomendación, entre ellos ofrecer una disculpa pública, iniciar procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades y reconocer formalmente la calidad de víctimas. La Fiscalía cuenta con un plazo de 15 días hábiles para informar sobre las acciones que implementará, así como los tiempos previstos para cumplir cada uno de los resolutivos. La aceptación se produce después de que familiares de las víctimas impugnaran la negativa inicial, al considerar que esta desconocía las irregularidades documentadas y contribuía a la revictimización. La recomendación de la CEDH evidenció un patrón de trato indigno, negligencia en la preservación de evidencias, fallas en la identificación y entrega de cuerpos, así como la falta de acompañamiento institucional. El ataque al bar “Caballo Blanco” ocurrió el 27 de agosto de 2019, cuando un grupo armado incendió el establecimiento, dejando al menos 34 personas muertas. Desde entonces, las familias han exigido justicia, sanciones para los responsables y garantías de no repetición.

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