Justicia a las víctimas de los delitos

Presencia Jurídica
Todos los días leemos, escuchamos, nos enteramos de la comisión de distintos tipos de delitos: se habla de homicidios, lesiones, violaciones, feminicidios, amenazas, daños, etc. Pero, ¿cómo definimos el delito?, o ¿que entendemos por delito? Se ha definido como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad, o más sencillo todavía es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.
Partiendo de lo anterior, cuando se comete un delito de cualquier tipo de los señalados, aparece otra figura que es digna de tomarse en cuenta como elemento sustantivo de la acción: la víctima del delito.
¿Cómo definimos a las víctimas? en sentido amplio: Como las personas que, individual o colectivamente, han sufrido daño, incluyendo lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo real de sus derechos fundamentales, a través de actos u omisiones que sean violaciones de las leyes penales nacionales o de normas relacionadas a los derechos humanos internacionalmente reconocidas.
La experiencia en el estudio del tratamiento de las víctimas en muchas partes del mundo, nos ha mostrado que una forma efectiva de tratamiento a ellas es estableciendo programas de apoyo social, psicológico, emocional y financiero que efectivamente les ayuden dentro de la justicia penal y las instituciones sociales.
En mayo de 1996, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas, adoptó la resolución de desarrollar el Manual sobre Justicia para Víctimas. Ahí se incluyen la policía, fiscales, abogados defensores de víctimas, jueces, personal correccional, proveedores de salud física y salud mental, trabajadores sociales, defensores de derechos humanos, líderes espirituales, organizaciones civiles, líderes tradicionales, comisiones de derechos humanos, legisladores, y otros.
En los sistemas de justicia tradicionales, las víctimas de agresiones, generalmente han encontrado apoyo y ayuda en primer lugar en su familia, y en sus conocidos de su localidad. Al ser ésta insuficiente, en muchas partes del mundo el Estado ha asumido gradualmente un rol dominante en el proceso de Justicia.
Además, las sociedades modernas han buscado proveer protección extendida a las víctimas a través de leyes penales y sistemas de seguridad social.
Pese a todo lo anterior, en muchas sociedades la víctima podría ser definida como la “persona olvidada” en la administración de justicia. Cuantos familiares de estas víctimas se darían por satisfechas, por el simple hecho de saber que las personas que han sido procesados, son los verdaderos delincuentes y no simplemente “chivos expiatorios” para tranquilizar a la opinión pública, o por estar realmente convencidas que los restos o cenizas que les fueron entregados son realmente de su familiar desaparecido o ejecutado.
En nuestro Estado tenemos casos emblemáticos de impunidad y de no atención a víctimas de delitos: el ataque al Bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, la masacre en Minatitlán, los jóvenes de Playa Vicente desaparecidos en Tierra Blanca y recientemente las siete personas asesinadas en ésta misma población, así como tantas y tantas víctimas más cuyos familiares son los que han organizado sus búsquedas en fosas clandestinas, organizados en colectivos de búsqueda de desaparecidos.
Leo el día de hoy una nota que dice textualmente “Presupuesto de Atención a Víctima sin recorte” declaraciones de su titular, quien manifiesta “No fue tocado, ni un peso fue tocado” agregando que el año, pasado se recibieron del Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral (FAARI por sus siglas), la cantidad de $ 80 Millones de pesos, además de contar con un presupuesto de $ 20 Millones de pesos anualmente, aquí cabría preguntar: ¿en que programas der atención a víctimas se aplicaron? ¿quiénes fueron beneficiados?, considero que tan importante dependencia debería de rendir, cuando menos cada trimestre, un informe detallado de sus actividades y el buen uso de los importantes recursos económicos que maneja, las víctimas, sus familiares y la sociedad lo agradecería.