Por Maquiavelo
Se Dice
Debe existir alguna responsabilidad penal sobre los anteriores gobernadores del estado
de Veracruz y autoridades de las secretarías de seguridad y de otras dependencias estatales como la Fiscalía General, el haber convertido el extenso territorio de la entidad en un gigantesco cementerio clandestino que fuera utilizado de manera preferencial por las bandas del crimen organizado y los cárteles de la droga para eliminar a sus enemigos y competidores en el lucrativo negocio del narcotráfico. Son varios gobernadores priistas y el último panista quienes de alguna manera consintieron que estos gravísimos delitos ocurrieran y que aprovecharon también para eliminar a sus enemigos políticos y hasta algunos periodistas, que no eran afines a su manera de operar y desfalcar las finanzas públicas de la entidad. Los nombres de estos servidores públicos son conocidos y muchas veces han sido mencionados, es una lista tan larga que no habría espacio para este abecedario del depravado e inmoral escuela de culpables de homicidios, secuestros, feminicidios que permitió a la delincuencia crear un monstruoso camposanto el estado. Ese es el gran paquete de terminar con la impunidad existente que tienen el gobernador Cuitláhuac García, el secretario de Seguridad Hugo Gutiérrez Maldonado y la fiscal Verónica Hernández Giadáns. La rebeldía de Movimiento Ciudadano Para mañana se reúne el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro con el presidente López Obrador porque no le cuadran las cuentas de ser la entidad con más fosas y desaparecidos que diera a conocer el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Por cierto fue el ausente en el informe como senador que aprovechó como adelantado destape para la gubernatura veracruzana del alvaradeño Dante Delgado Rannauro. El pretexto del jalisciense Alfaro Ramírez es que se encontraba en Madrid, en supuesta encomienda oficial cuando para todos era bien sabido que había tomado como sus vacaciones decembrinas que acostumbra en el viejo continente. La singular actitud política de los militantes de Movimiento Ciudadanoes de abierta oposición y rechazo a todo lo que compete al gobierno federal o los estatales de Morena. Es la línea que tienen y la aplican con todo rigor. El negocio de las delegaciones de tránsito alguien del gobierno está haciendo un gran negocio con los procesos de enplacamiento de vehículos y la adquisición o renovación de las nuevas licencias de manejo. Hay personal que se encarga de estos trámites si le dan 800 pesos y para pasar el examen médico exigen que ciertos conductores tengan que usar lentes, como si fueran los agentes, reconocidos oftalmólogos y tienen junto a ellos una empresa que vende estos aparatos ópticos en otra fuerte suma de dinero. De lo que se trata en estas oficinas de tránsito de Boca del Río, al igual que en otros municipios, es de un súper negocio redondo, lo del combate a la corrupción que pregona el presidente López Obrador se lo pasan por el arco del triunfo. De las infracciones sobre supuestas faltas al reglamento o la carencia de algún documento del vehículo, esas son tarifas que se cotizan más elevadas. De acuerdo al humor, estado de ánimo o las necesidades económicas de estos servidores públicos. Es
urgente que tome cartas en este asunto de descarada corrupción, el director José Antonio Camps Valencia.