* POLÉMICA REESTRUCTURACIÓN

Por Raymundo Jiménez

La única discrepancia pública que hubo entre el ex gobernador Miguel Ángel Yunes y el coordinador de la bancada del PAN durante la Legislatura local anterior, Sergio Hernández, fue la que se dio a mediados de junio de 2017, cuando el diputado xalapeño declaró que Yunes Linares preparaba un programa de créditos a corto plazo por un tope máximo de 10 mil millones de pesos para enfrentar la “emergencia financiera” del estado y cumplir con la nómina de maestros, doctores, empleados del sector salud y burócratas de los organismos autónomos.

Hernández argumentó entonces que la deuda pública de Veracruz era “muy grande” pues aun con la restructuración de los pasivos del estado, ese año se habían destinado 6 mil 500 millones de pesos para pagar, en mayor parte, los intereses de la deuda.

“Hay una proyección ya. La situación financiera no va a mejorar en los próximos dos años, ni tampoco mejorará mucho en la próxima administración estatal, hay intereses de corto plazo que hay que afrontar. El o los créditos no tendrán que rebasar los 10 mil millones de pesos”, indicó el líder de la diputación panista, quien se quejó del abandono en que los había dejado la Federación, pues detalló que desde que entró en funciones la administración de Yunes, en diciembre de 2016, le dejaron un impago de más de 13 mil millones de pesos con proveedores y más deudas con la Universidad Veracruzana, entre otros.

Sin embargo, entrevistado al respecto, Yunes descartó que fuera a solicitar la contratación de un nuevo crédito para solventar las obligaciones del gobierno estatal. “No es verdad que vayamos a contratar deuda, ni un centavo. Es falso. El sábado tuvimos una reunión con diputados y diputadas y ahí informamos del proceso de reestructuración de deuda y el primer dato es que no estamos contratando un centavo de deuda”, puntualizó el mandatario del PAN, quien no obstante reconoció que su gobierno estaba pagando mensualmente un crédito solicitado para pagar sueldos y aguinaldos al inicio de su gestión. “El crédito no es deuda, es un crédito de corto plazo que estamos pagando mes a mes y que terminaremos en noviembre de este año. Mi gobierno no heredará más deuda a los veracruzanos, por el contrario, lo que se hace es reestructurar la deuda para bajar la tasa de interés y ampliar los plazos de pagos”, explicó entonces Yunes, quien manifestó que de acuerdo con los plazos trazados, posiblemente en agosto firmaría el acuerdo de reestructuración con Banobras, el principal acreedor del gobierno de Veracruz, y que en septiembre lo harían con el resto de las entidades financieras.

Entre el ex gobernador Fidel Herrera y su secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Sánchez Estrada, también hubo discrepancias sobre si la bursatilización debía documentarse o no como deuda pública.

Por eso nadie debería sorprenderse ahora que algunos diputados locales de Morena se resistan a la reestructuración de la deuda pública estatal.

Al respecto, la diputada Mónica Robles Barajas confirmó que la reestructuración de la deuda pública puede ser sometida ante el pleno de la LXV Legislatura este mismo miércoles, pues aseguró que los diputados ya tuvieron el tiempo necesario para revisar las condiciones por las que el gobernador Cuitláhuac García pretende liberar recursos por más de 2 mil 700 millones de pesos en esta administración.

La diputada sureña recordó que la iniciativa de García Jiménez fue enviado al Poder Legislativo la semana pasada y contempla refinanciar 11 créditos por más de 41 mil millones de pesos.

Además aseguró que hay condiciones para proceder a favor de dicha propuesta, pues las calificaciones que ha ido obteniendo el Estado representarán un pago menor de intereses y se permitirá la liberación de recursos que serán usados para obra pública y no solo gasto corriente.

CONDICIONES FAVORABLES: ORFIS

En este mismo sentido, ante el análisis hecho por el Congreso local sobre la iniciativa de reestructuración de la deuda pública del Gobierno de Veracruz, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, reconoció también que actualmente las condiciones del mercado financiero son más favorables para el Estado y debe ser aprovechado por la administración del gobernador Cuitláhuac García para que los ahorros que se alcancen sean utilizados para el bienestar de la sociedad veracruzana.

Además, dijo que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se habrá de presentar un informe especial del proceso de reestructuración de la deuda pública que emprendió la administración estatal anterior –la del ex gobernador Miguel Ángel Yunes–, cuyos registros revelarán si los recursos de la deuda se usaron en los fines para los cuales fue contratada.

El auditor general reconoció que se ha estado analizando con detenimiento desde el ORFIS la propuesta de reestructuración de la deuda pública del Estado, que busca disminuir el plazo de 21.5 años a 20 años y reducir la tasa de interés de 1.17% a .80% y .90%.

DEJA ORTEGA PARDO CMAS

El portal Espejodelpoder.com publicó anoche que este miércoles 31 de julio concluye su periodo como Directora de Finanzas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, la abogada xalapeña Patricia Ortega Pardo, quien el 06 de marzo de 2018 llegó a sustituir a Jorge Alberto Moctezuma Pineda.

Aunque este lunes ya no fue localizada en sus oficinas del Centro Administrativo Municipal la renuncia firmada ya se encuentra en los escritorios del presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero y del director del organismo, Jorge Ojeda Gutiérrez, quienes deberán definir al nuevo titular de esa área.

Según puntualiza el portal informativo, “su salida no se debe a las presiones de grupos internos, sindicales y a intereses de algunos integrantes del Cabildo, en donde ya se había pedido su remoción.”

“Patricia Ortega Pardo sale de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa gracias a una invitación que recibió del Director General de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, por lo que este jueves 01 de agosto ya se presentará en las Oficinas centrales de esta dependencia en la Ciudad de México”, se da por hecho.