Marcha por las Estancias Infantiles

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

Primer acto: Trasciende denuncia pública realizada por un fotógrafo de origen estadunidense (John Sevigny) en la que señala que fue secuestrado en la ciudad de Córdoba, por un grupo criminal. *** En su narración sugiere que sus agresores “se comportaban como policías” y asegura que esa percepción fue ratificada por un jefe policiaco local (de quien no da más datos), que le habría confesado que eran policías que, en sus tiempos libres, le servían al crimen organizado. *** Segundo acto: El aún fiscal Jorge Winckler afirma que se investiga la denuncia del fotógrafo originario de Estados Unidos y que “se trabaja en forma coordinada con el FBI”. *** Tercer acto: El gobernador Cuitláhuac García lo desmiente. Afirma que, tras investigar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que no hay pedimento alguno del gobierno de Estados Unidos para participar en una investigación criminal en Veracruz y, por lo tanto, es falso que el FBI esté participando en ese caso. *** Remate: El propio fotógrafo estadunidense usa su cuenta en Twitter para negar que haya presentado alguna denuncia penal sobre los sucesos que él mismo narró, dice habr investigado y confirmado que el FBI no participa en una investigación sobre los hechos, y acusa al fiscal Jorge Winckler de poner en riesgo su vida (la del fotógrafo) al divulgar información sobre lo sucedido. *** Final: Jorge Winckler emite un comunicado en el que admite que abrió una carpeta de investigación (la FEADPD/ZCC/09/2019) a partir de la denuncia de una tercera persona (la persona que le arrendaba un cuarto al fotógrafo), no de la víctima, y que “ha habido comunicación” con el FBI sobre ese tema. *** Un capítulo más de ese melodrama llamado “Jorge Winckler”.

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Al ser cuestionado sobre las manifestaciones de protesta de quienes operan las Estancias Infantiles que subsidiaba Sedesol, Manuel Huerta, flamante “coordinador en Veracruz de los programas federales para el desarrollo” se pudo haber quedado con aquel discurso que utilizan en todas las entidades del país: “Es un tema que se analiza a nivel central y estamos en espera de que se publiquen las reglas de operación”.

Pero no. Son pocas las oportunidades que tiene para atraer los reflectores y, por lo tanto, era menester responder y mostrarse “en sintonía” con el jefe, Andrés Manuel López Obrador.

El fundamento más sólido que encontró el coordinador fue que “tras un análisis”, había detectado ¡diez estancias infantiles!, que oficialmente ya no existían, pero que seguían recibiendo subsidio.

Por diez estancias infantiles, de las 613 que operan en toda la entidad, el funcionario federal (hasta hace muy poco dirigente estatal de Morena) considera justo que se acabe con este programa. Este es el ejemplo más claro de aquella vieja frase: “Pagan justos por pecadores”.

Y es que la movilización de protesta no fue sólo de las titulares y empleados de las estancias infantiles. Fueron ampliamente respaldadas por madres de familia que exigen al gobierno federal dé marcha atrás a su decisión de recortar el presupuesto para esta prestación.

“Se trata de niños pequeños, que necesitan cuidados, de madres que necesitan trabajar para aportar a sus hogares”, manifestaban cientos de mujeres que marcharon por el centro de Xalapa y cortaron la circulación en la avenida Enríquez.

La movilización no sólo se dio en Xalapa. Fue una expresión nacional para exigirle al gobierno federal que mantenga el subsidio íntegro a las estancias infantiles.

La propuesta del gobierno federal ha sido la de entregar un apoyo económico directo a las madres (mil 600 pesos bimestrales por cada hijo) para que paguen un lugar donde los niños sean cuidados mientras los padres trabajan.

Lo que no quieren entender es que las Estancias Infantiles no son sitios “para cuidar a los niños”, sino centros de formación integral, con programas pedagógicos, alimentarios y psicológicos.

Que unas cuantas Estancias hayan presentado anomalías no es argumento suficiente para acabar con uno de los programas más nobles del gobierno federal.

El propio Manuel Huerta admite que en Veracruz más de 20 mil niños acuden a las estancias infantiles que subsidia la ahora llamada Secretaría de Bienestar, niños que corren el riesgo de ver interrumpida su formación, por la mezquindad de las autoridades federales.

Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció por el recorte federal al Programa de Estancias Infantiles y señaló que “vulnera los derechos de los menores de edad y puede representar una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país”.

El organismo explicó que el recorte presupuestal podría impactar en los derechos de los niños y sus familias, pues restringe su derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral; además de que puede propiciar a que las madres y padres afectados se vean forzados a dejar a sus hijos al cuidado de personas sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo que constituye un riesgo para su integridad y seguridad.

La CNDH hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que pondere si las transferencias económicas directas a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de los niños en primera infancia, considerando que, dados los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social, es probable que los apoyos económicos que eventualmente se entreguen, sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez.

Ojalá les regrese la sensatez y reconsideren estas medidas.

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Epílogo.

El gobernador Cuitláhuac García dio a conocer que en el primer mes de su administración, los índices delictivos disminuyeron en 37%, y por esa razón Veracruz quedó fuera de la lista de entidades en las que la Federación reforzará la seguridad. *** “Tuvimos una disminución en diciembre del 37 por ciento; y ellos atendieron a los estados donde se han mantenido las cifras”, explicó el gobernador, quien aclaró que una vez atendidos los estados más conflictivos, en una segunda etapa está considerado el respaldo para Veracruz. *** La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que realizó una requisa integral en el reclusorio Duport Ostión de Coatzacoalcos, “a fin de garantizar la estabilidad y seguridad de las propias personas que ahí se encuentran”. En el operativo fueron asegurados 128 televisores, 150 bocinas, seis hornos de microondas, 15 reproductores de DVD, tres teléfonos celulares, 20 consolas de videojuegos, 20 planchas para ropa, 30 parrillas eléctricas, un frigobar, una laptop, 20 tijeras, 40 cinturones, 10 resistencias eléctricas, así como diversos medicamentos y piezas de vidrio. Llegó el momento de poner orden en los reclusorios de la entidad.

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