El representante legal cuestionó que los estudios ambientales disponibles no contemplen, según su señalamiento, la totalidad de la cuenca del Uxpanapa, desde su nacimiento en la selva de Los Chimalapas hasta las zonas bajas
Por Elizabeth Aviña
Municipiosur.com
El proyecto del acueducto La Cangrejera–Coatzacoalcos fue condicionado en su continuidad al cumplimiento de medidas para proteger los recursos hídricos de la región, luego de que comunidades del Valle de Uxpanapa consiguieron una suspensión provisional. La resolución fue emitida por una jueza federal, quien otorgó a las autoridades involucradas un plazo de tres días hábiles para atender una serie de requerimientos relacionados con el impacto ambiental de la obra y la disponibilidad de agua en la cuenca del río Uxpanapa. José Silvestre Hernández, presidente del Comité Comunitario del Valle de Uxpanapa, confirmó que este jueves recibieron la notificación judicial, después de promover un amparo colectivo ante el temor de que la extracción de agua afecte a las poblaciones que dependen del afluente. Explicó que durante los últimos años los habitantes observaron una disminución en los niveles de arroyos y manantiales, situación que podría agravarse durante las temporadas de estiaje si aumenta la cantidad de agua destinada al abastecimiento de Coatzacoalcos y la zona industrial. Por su parte, el abogado José Luis Castro detalló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Veracruz y el Ayuntamiento de Coatzacoalcos deberán presentar información técnica que acredite que el proyecto no provocará afectaciones al ecosistema, además de establecer medidas preventivas y demostrar el cumplimiento de la legislación en materia de aguas nacionales. El representante legal cuestionó que los estudios ambientales disponibles no contemplen, según su señalamiento, la totalidad de la cuenca del Uxpanapa, desde su nacimiento en la selva de Los Chimalapas hasta las zonas bajas. También sostuvo que la evaluación del proyecto se realizó por segmentos, sin una consulta integral a las comunidades indígenas potencialmente afectadas. Otro de los cuestionamientos fue el destino final del agua. Castro consideró que el crecimiento industrial previsto en la región podría incrementar la demanda del recurso por parte de los complejos petroquímicos y de futuras empresas vinculadas al Corredor Interoceánico. Aunque la suspensión provisional no representa una cancelación definitiva del acueducto, las comunidades advirtieron que, si las autoridades incumplen las condiciones establecidas, solicitarán al juzgado que se detenga la totalidad de los trabajos y promoverán un incidente por violación a la suspensión. Los representantes comunitarios esperan las primeras respuestas oficiales durante la próxima semana, una vez que las instituciones involucradas reciban formalmente la notificación judicial.
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