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Ante los reportes de mortandad de peces en Playa Navarro y Laguna Grande, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Secretaría de Gobierno, el Ayuntamiento de Vega de Alatorre y representantes de las cooperativas pesqueras de la región, realizaron un recorrido técnico para evaluar las condiciones ambientales de ambos sitios.
La evaluación técnica y las observaciones de campo descartaron la presencia de hidrocarburos, descargas industriales o alguna otra evidencia de contaminación química como causa de la mortandad.
Los indicios identificados son consistentes con un proceso de eutrofización, relacionado con el incremento en la concentración de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, así como con las condiciones hidrometeorológicas predominantes, caracterizadas por altas temperaturas y déficit de precipitación.
Estas condiciones favorecen el desarrollo de florecimientos algales y la disminución del oxígeno disuelto (hipoxia), provocando estrés fisiológico y mortandad en organismos acuáticos.
Durante la visita, las autoridades informaron que las especies robalo y chucumite se encuentran en veda hasta el 15 de agosto, por lo que exhortaron a respetar la normatividad pesquera vigente.
De manera complementaria, el Ayuntamiento de Vega de Alatorre atendió oportunamente la situación mediante trabajos de dragado y rehabilitación del flujo hídrico, con el objetivo de favorecer el intercambio y la circulación del agua en el sistema lagunar, contribuyendo así a mejorar las condiciones de oxigenación de las lagunas. Estas acciones forman parte de las medidas implementadas para atender las condiciones que originaron el fenómeno y favorecer la recuperación gradual del ecosistema.
Asimismo, representantes de las cooperativas pesqueras plantearon analizar alternativas de manejo hidráulico que favorezcan el intercambio de agua entre la laguna y el mar, entre ellas la construcción de una escollera. La propuesta deberá ser evaluada por las autoridades federales competentes, a partir de su viabilidad técnica, ambiental e hidráulica.
Las dependencias participantes continuarán con el monitoreo de las condiciones ambientales del sistema lagunar y mantendrán informada a la población sobre la evolución del fenómeno a través de los canales oficiales.
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