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Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, acudió al Congreso del Estado donde presentó la documentación con la que busca de quitarse los señalamientos en su contra dentro del procedimiento de desafuero. Es “Pepe el Toro”

Agregó que el entonces comandante de la corporación contaba con los controles de confianza aprobados por la Secretaría de Seguridad Pública


Por Elizabeth Aviña

Municipiosur.com


El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, acudió este martes al Congreso del Estado para presentar la documentación con la que busca desvirtuar los señalamientos en su contra dentro del procedimiento de desafuero promovido por la Fiscalía General del Estado, relacionado con la investigación por la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Ramírez Guzmán. El presidente municipal informó que compareció dentro del plazo legal otorgado para responder a los requerimientos de la autoridad y aseguró que las pruebas entregadas respaldan su postura de no tener participación en los hechos que se le atribuyen. Durante su declaración, rechazó los señalamientos sobre una presunta fotografía en la que aparecería portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Sostuvo que dicha imagen nunca fue incorporada a la carpeta de investigación y afirmó que las fotografías difundidas en redes sociales fueron manipuladas mediante inteligencia artificial, por lo que anunció que solicitará peritajes especializados para acreditarlo. González Martínez también afirmó que ha sido víctima de un «linchamiento mediático», al considerar que ha sido señalado públicamente como responsable antes de que concluya el proceso legal. Además, negó haber tenido una relación personal con la periodista, aunque reconoció que conocía de su labor informativa por la cercanía entre Ixhuatlán del Sureste y Nanchital. Respecto a los elementos de la Policía Municipal detenidos durante las investigaciones, indicó que cada uno enfrenta su situación jurídica de manera individual y señaló que corresponderá a la Fiscalía determinar las responsabilidades. Agregó que el entonces comandante de la corporación contaba con los controles de confianza aprobados por la Secretaría de Seguridad Pública. El edil señaló que ahora corresponde a la Comisión Instructora del Congreso del Estado fijar la fecha para la etapa de alegatos. Mientras tanto, aseguró que el Ayuntamiento continúa operando con normalidad y pidió que se respete el principio de presunción de inocencia durante el desarrollo del procedimiento. Durante la comparecencia, su abogado, Eric Basto Morales, sostuvo que la difusión de información de la carpeta de investigación vulnera el debido proceso y los derechos de su representado.

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