La FGE pide que le quiten el fuero La postura del alcalde se da después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó
Agencias
Municipiosur.com
Tras la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta relación con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez rompió el silencio y afirmó que enfrentará el procedimiento “por las vías legales”, al tiempo que pidió evitar juicios anticipados. A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el edil confirmó que el pasado 21 de julio fue notificado por el Congreso del Estado sobre el procedimiento iniciado en su contra y que cuenta con un plazo para presentar los alegatos correspondientes. “Como siempre lo he hecho, actuaré con respeto a las instituciones y ejerceré plenamente mi derecho de defensa por las vías legales, aportando los argumentos y elementos que correspondan en los tiempos establecidos”, declaró. Sostuvo que confía en que el procedimiento se desarrollará con apego a la ley y al debido proceso, además de insistir en que debe respetarse el principio de presunción de inocencia. “Confío en que este procedimiento se desarrollará con estricto apego a la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, principios fundamentales de nuestro sistema de justicia”, expresó. Asimismo, aseguró que el procedimiento no ha detenido las actividades del Ayuntamiento y afirmó que los servicios públicos continúan operando con normalidad, mientras su administración mantiene la gestión de proyectos y la atención a la ciudadanía. La FGE pide que le quiten el fuero La postura del alcalde se da después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Congreso de Veracruz el juicio de procedencia para retirarle el fuero constitucional para investigarlo por su presunta vinculación con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, desaparecida el 2 de junio en Nanchital y cuyos restos fueron localizados un mes después en un rancho de Moloacán. Presuntamente un testigo protegido lo señaló de haber ordenado la privación de la libertad de la comunicadora, supuestamente porque la víctima tenía en su poder una fotografía donde él salía con arma larga. Será el Congreso del Estado el que determine si procede o no retirarle el fuero al edil para que enfrente la investigación sin esa protección constitucional. Mientras tanto, el alcalde insistió en que continuará al frente del Ayuntamiento y pidió permitir que el procedimiento siga su curso conforme a la ley.
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