Abogados porteños reconocen que el operativo del alcoholímetro es una medida adecuada para prevenir accidentes y salvar vidas, pero advirtieron que deben erradicarse las malas prácticas relacionadas con el cobro excesivo de multas

Por Julio Escobar

Municipiosur.com

Aunque abogados reconocen que el operativo de alcoholímetro es una medida adecuada para prevenir accidentes y salvar vidas, advirtieron que deben erradicarse las presuntas malas prácticas relacionadas con el cobro excesivo de multas y los gastos que enfrentan los conductores tras ser sancionados, ya que consideran que en algunos casos las cantidades resultan desproporcionadas. El profesional del derecho Luis Enrique Villalobos afirmó que las sanciones económicas han generado inconformidad entre algunos ciudadanos, pues, además de la multa, deben cubrir los costos del arrastre con grúa, el resguardo de la unidad en el corralón y otros pagos administrativos en caso de ser detenidos. “Porque están imponiendo multas muy fuertes, muy grandes, como por ejemplo de 20 mil pesos, lo que se está rumorando. Porque hay unidades que, por ejemplo, tienen un valor de ocho mil o diez mil pesos, porque no todos los autos son de agencia. Ahora, eso se suma a que te hacen una detención administrativa y posteriormente también se deben cubrir los gastos del corralón y de la grúa», manifestó. Asimismo, explicó que conducir en estado de ebriedad, por sí solo, constituye una falta administrativa y no un delito, salvo que el conductor provoque daños a terceros o a bienes públicos o privados. “El delito acontece desde el momento que impactas otra unidad, impactas por ejemplo a una persona, que puede ser un choque o inclusive cuando dañas estructuras del gobierno o del sector privado, ahí sí es un delito y que requiere la reparación del daño dependiendo la situación. Pero por venir manejando en estado de ebriedad no es un delito, lo hacen como medida de prevención, pero también es un poco excesiva», señaló. El litigante también explicó que las personas detenidas por esta falta administrativa son trasladadas a los separos de la Policía Estatal, ubicados en Palma Sola, debido a que la Policía Municipal carece de instalaciones para mantener bajo resguardo a los infractores. Agregó que la permanencia puede extenderse hasta por 36 horas, dependiendo de cada caso

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