Por Julio Escobar
Municipiosur.com
La compra de facturas falsas para intentar cumplir con obligaciones fiscales puede generar severas consecuencias legales y administrativas para los contribuyentes, entre ellas penas de prisión que van de dos a nueve años, así como el bloqueo del sello digital, herramienta indispensable para la operación de cualquier empresa. Estas prácticas, consideradas como simulación de operaciones, son detectadas con relativa facilidad por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que pone en alto riesgo la continuidad de los negocios que incurren en este tipo de irregularidades. Lo anterior, lo dio a conocer el contador público Saturnino de los Santos Cruz, quien explicó que la autoridad fiscal cuenta con diversos mecanismos para identificar inconsistencias en la contabilidad de los contribuyentes. Indicó que, una vez detectada una posible irregularidad, el SAT otorga un breve plazo para que el contribuyente pueda justificar la operación; de lo contrario, las consecuencias son inmediatas y de gran impacto. “Es grave, porque si la autoridad detecta, y yo puedo justificarlo, tengo cinco días para aclarar, si no lo aclaró me van a bloquear el sello digital y será prácticamente la muerte de la empresa y aparte las consecuencias penales, porque hay penas de dos a nueve años dependiendo el monto de la factura”, advirtió. De los Santos Cruz enfatizó que una de las principales recomendaciones es que todas las operaciones que se facturen sean reales y comprobables, ya que incluir documentación apócrifa en la contabilidad coloca al contribuyente en una situación de alto riesgo frente a la autoridad fiscal. “Que la operación sea real, que no sea la compra de una factura, porque estaría en serios problemas el contribuyente al incluir una factura falsa en su contabilidad”, puntualizó. Asimismo, señaló que las facturas falsas suelen presentar características fácilmente identificables, tanto para contadores como para el propio SAT, debido a la falta de elementos que respalden la operación. “La autoridad si la detecta fácilmente, como autoridad, a veces nos damos cuenta cuando una factura no reúne los requisitos, son conceptos muy simples, no traen evidencia documental de la operación y la autoridad fácilmente lo detecta”, explicó. El contador público añadió que otro de los factores que alertan a la autoridad es la incongruencia entre lo que se factura y la capacidad real del contribuyente para realizar dicha actividad.
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