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Municipiosur.com
El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXVII Legislatura, diputado Omar Edmundo Blanco Martínez, exhortó a las autoridades municipales electas de los 212 ayuntamientos de la entidad para que den cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y garanticen que al menos el 3 por ciento de las vacantes disponibles en la administración pública municipal sea ocupado por personas con discapacidad.
Durante su participación en la decimocuarta sesión ordinaria, el legislador dijo que el próximo 1 de enero entrarán en funciones las nuevas administraciones de los 212 Ayuntamientos de la entidad, quienes tendrán bajo su responsabilidad la integración de su personal de trabajo, y la definición de sus políticas internas en materia laboral y administrativa.
Indicó que este proceso de renovación representa la oportunidad crucial para que los gobiernos municipales adopten prácticas inclusivas y cumplan de manera estricta con lo dispuesto en la normatividad vigente, particularmente con lo establecido en la Ley Número 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad.
El diputado Omar Blanco puntualizó que el Artículo 21 de la citada ley establece expresamente que los ayuntamientos deberán destinar al menos el 3 por ciento de las vacantes disponibles para la contratación de personas con discapacidad, siempre que éstas cumplan con el perfil, y las aptitudes necesarias para el desempeño del cargo.
“Esta disposición constituye una acción afirmativa y una obligación legal que busca garantizar condiciones de inclusión laboral y contribuir al pleno ejercicio de los derechos de este sector de la población”, precisó el integrante del Grupo Legislativo de Morena.
Previamente, subrayó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para 2023 existen México aproximadamente 8.8 millones de personas con discapacidad, de las cuales solo el 40.6 por ciento de las personas con discapacidad de 15 años y más participa en alguna actividad económica, frente al 60 por ciento en la población sin discapacidad.
Para finalizar, el diputado argumentó que las personas con discapacidad no requieren dádivas ni tratos asistencialistas, sino oportunidades reales de empleo y el acceso efectivo a espacios donde puedan demostrar su capacidad y talento, “ya, que, a pesar de nuestra preparación y potencial, muchas veces enfrentamos de manera cotidiana diversas barreras para incorporarse al trabajo formal, muchas de ellas por la falta de condiciones inclusivas y accesibles dentro de los entornos laborales”, concluyó.
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