Por Julio Escobar
Municipiosur.com
Familiares de las víctimas del ataque al bar “El Caballo Blanco” denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE), sigue sin responder a la impugnación presentada tras la negativa de aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La señora América del Carmen, madre de una de las víctimas, señaló que el proceso fue llevado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero la fiscalía no ha emitido ninguna postura. “Si nos entregaron los cuerpos en muy malas condiciones la verdad, se vulneraron nuestros derechos y nos siguen revictimizando, la fiscalía todavía no ha contestado la impugnación, ya tiene como un mes que se hizo”, declaró. De acuerdo a los afectados, la negativa de la fiscalía los obligó a escalar el caso, pues aseguran que sus derechos se vieron vulnerados, escudándose en que las declaraciones tanto de los familiares de las víctimas, como de las funerarias no coinciden. “Vamos a esperar, porque ellos dicen que no, que lo que nosotros declaramos no es verdad, y lo que testificaron también, las diferentes funerarias, pues dicen ellos que es mentira, entonces tuvimos que impugnar, para que ellos acepten las recomendaciones”, expresó. Los familiares afirmaron que su intención es continuar con el proceso hasta obtener justicia, “Ya se levantó el documento, por eso fue que ahorita tenemos que esperar lo que nos diga derechos humanos, pero ya que nos conteste México, tendremos que seguir llevando el caso hasta las últimas consecuencias”, agregó América del Carmen. Los afectados exigen principalmente la reparación integral del daño y que se ponga fin a la revictimización que han padecido desde los hechos de 2019. Además, señalaron que lo que buscan es respeto a su dolor y un reconocimiento a las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado rechazó la recomendación 30/2025 emitida por la CEDH, en la que se documenta el trato indigno a los cuerpos de 25 víctimas del ataque. En el documento se establecía que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), adscrito a la fiscalía, incurrió en actos de revictimización hacia los familiares durante los procesos de identificación y entrega de cadáveres. La recomendación planteaba acciones concretas como brindar atención psicológica a los familiares, otorgar compensación económica, emitir una disculpa pública de la FGE y capacitar al personal del SEMEFO.
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