Padres de familia denuncian que en escuelas de Coatzacoalcos le cobran hasta 12 mil pesos por “cuotas voluntarias”. Los padres de los estudiantes no se deben de quejar en la prensa, deben de presentar su denuncia en la SEV de Claudia Tello

Algunos tutores expresaron que la situación representa una carga económica considerable

Por Julio Escobar

Municipiosur.com

En Coatzacoalcos, padres de familia denunciaron que para poder inscribir a sus hijos en distintas instituciones educativas se les solicita cubrir cuotas de recuperación voluntarias que alcanzan hasta los 2 mil pesos. Señalaron que este municipio se encuentra entre los que más elevadas aportaciones exige, lo que genera inconformidad entre quienes consideran que dichas cuotas no deberían ser obligatorias. Algunos tutores expresaron que la situación representa una carga económica considerable, sobre todo en hogares donde hay más de un estudiante. Recordaron que estas aportaciones deberían ser voluntarias, sin embargo, en la práctica, muchos padres se sienten presionados a pagarlas para garantizar que sus hijos puedan ser aceptados o recibir los servicios escolares completos. Destacaron que, además de estas cuotas, deben cubrir otros gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar, como uniformes, útiles, mochilas y calzado, lo que incrementa el desembolso de las familias en una temporada ya complicada. La suma de todos estos gastos, advirtieron, rebasa el presupuesto de muchos hogares, especialmente aquellos con ingresos limitados. Padres de familia también hicieron un llamado a que las administraciones escolares evalúen si realmente los tutores están en condiciones de aportar dichas cuotas o, en su caso, aceptar material didáctico o de limpieza como una alternativa de colaboración. Consideraron que esta medida sería más equitativa y viable para las familias de escasos recursos. Finalmente, reiteraron que la educación pública debe ser gratuita y que las cuotas de recuperación no deberían convertirse en un requisito para la inscripción. Exhortaron a las autoridades educativas a supervisar la aplicación de estas prácticas y garantizar que ningún niño o niña se quede sin acceso a la escuela por la falta de dinero.

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