El penal regional Duport Ostión, en Coatzacoalcos, se encuentra entre los seis reclusorios de Veracruz que obtuvieron calificaciones reprobatorias en materia de gobernabilidad, control institucional y respeto a los derechos humanos

Por Julio Escobar

Municipiosur.com
El Centro de Readaptación Social (Cereso) “Duport Ostión” de Coatzacoalcos se encuentra entre los seis reclusorios de Veracruz que obtuvieron calificaciones reprobatorias en materia de gobernabilidad, control institucional y respeto a los derechos humanos. En la entidad operan 17 penales bajo administración estatal. De acuerdo con los diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitidos en los últimos años a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, los centros de Coatzacoalcos, Tuxpan, Amatlán, Poza Rica, Acayucan y Pacho Viejo presentan condiciones asociadas al autogobierno, la realización de actividades ilícitas y el cobro de cuotas o sobornos dentro de las instalaciones. Desde 2006, la CNDH evalúa anualmente los penales estatales con base en criterios que garantizan la integridad física y moral de las personas privadas de la libertad. El diagnóstico asigna una calificación del 1 al 10 considerando aspectos como la gobernabilidad, la reinserción social, la atención a grupos en situación de vulnerabilidad y la legalidad en los procedimientos. En los últimos 13 diagnósticos anuales, alrededor del 40% de los penales evaluados en Veracruz han mantenido calificaciones reprobatorias de forma constante. En los centros de Coatzacoalcos, Tuxpan, Amatlán y Poza Rica se han documentado cobros indebidos a internos por conceptos como protección, asignación de espacios para dormir, pase de lista, uso del teléfono, mantenimiento de dormitorios, acceso a alimentos, medicamentos, atención médica, visitas o participación en actividades laborales, educativas y deportivas. También se reportan pagos para evitar sanciones disciplinarias o por negarse a realizar labores de limpieza. La evaluación distingue entre cobros realizados por personal penitenciario y aquellos impuestos por otros internos. En este último caso, la CNDH advierte que se trata de mecanismos ilegítimos de control que reflejan la existencia de estructuras paralelas de poder, corrupción institucional y ausencia de autoridad efectiva, lo que debilita el control por parte de las autoridades. Asimismo, se supervisa la presencia de actividades ilícitas como el otorgamiento de privilegios, ingreso de objetos o sustancias prohibidas, prácticas de prostitución o dominio de ciertos internos sobre la población, lo que genera ambientes desiguales, inseguros y contrarios a los derechos humanos.