Carmen Medel Palma, alcaldesa de Minatitlán, “se fue con la cochina al monte”. El ORFIS le detecto un daño patrimonial por más de 6 millones de pesos. Curso para los ediles costo 2 millones

Agencias

Municipiosur.com

El Ayuntamiento morenista de Minatitlán, tiene serías observaciones o posible daño patrimonial por más de 6 millones de pesos, entre ellos un supuesto curso de capacitación a los actuales ediles con un costo de más de 2 millones de pesos. Según los resultados de las auditorías del Órgano de Fiscalización Superior, se reportó que el Ayuntamiento con el mayor número de daño patrimonial fue Poza Rica Cinco grandes municipios veracruzanos, gobernados por Morena, concentraron un presunto daño patrimonial de más de 43 millones de pesos durante el ejercicio fiscal del 2022, según los resultados de las auditorías del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). En el informe de resultados entregado por el Orfis al Congreso del Estado, se reportó que el Ayuntamiento con el mayor número de daño patrimonial fue Poza Rica, cuyo alcalde morenista es Fernando Remes Garza. Se detectaron presuntos desvíos de recursos del orden de los 24 millones de pesos por deuda pública, obligaciones, disciplina financiera y por no presentar información de una auditoria solicitada el pasado marzo, correspondiente a estados bancarios Deutsche Bank-Banco Afirme. Otra parte de presunto daño al erario se ubicó en obligaciones fiscales por seguridad social ante el IMSS y, digitalización de archivos por 4 millones, así como por el finiquito de adquisición de uniformes personal sindicalizado por 2 millones 619 mil pesos. El Ayuntamiento de Minatitlán, gobernado por la morenista Carmen Medel Palma, registró un presunto daño patrimonial por 6 millones 950 mil 76 pesos. La mayoría se concentró en financiamiento presupuestal por el orden de 6 millones y, también por dos obras públicas de 272 mil 929 pesos. En el daño presupuestal destacaron por concepto de anticipos de obra pública que no fueron recuperados por un millón 667; por montos pendientes de pagar al Instituto de Pensiones del estado (IPE) de un millón 339 mil pesos. Y, por no presentar evidencia de los trabajos realizados de cursos de capacitación, consultorías y equipo conformado por entrega-recepción, por un monto de 2 millones; además de la transferencia de 644 mil por servicios profesionales sin evidencias.(Con información del Universal y Notimina).