Por Alfredo Santiago
Municipiosur.com
Muy molestos se encuentran un nutrido grupo de abogados hidrómilos, pues ya no aguantan al titular del Juzgado Municipal, Rogelio Reyes Rueda, a quien señalan de cobrar por servicios que deberían ser totalmente gratuitos. Los profesionales del derecho señalaron ante este medio informativo, que dicho titular tiene aproximadamente un año desde que fue nombrado Juez de Paz en Agua Dulce, luego de cuatro años que dicho puesto estuvo ocupado por una de las secretarias de mayor experiencia. Los quejos aseguraron que no se espantan de ciertas prácticas que se dan en los juzgados para acelerar ciertos procesos, en el caso de la Juzgado Municipal consideran que se trata de un abuso en toda la extensión de la palabra, pues hay prácticamente un tarifario para cada servicio.
TARIFARIO
Una cita conciliatoria tiene un costo aproximado de mil 500 pesos, una constancia de concubinato cuesta la friolera de 2 mil pesos, mientras que un derecho de posesión se cotiza hasta en 3 mil pesos, entre otros trámites y precios. Lo anterior fue asegurado por los abogados, quienes anteriormente ya se manifestaron con la representación del Colegio de Abogados local, pero Reyes Rueda prácticamente hizo caso omiso de las recomendaciones. En aquella ocasión se le pidió al Juez Municipal ser más flexible, pues no todas las personas que requieren los servicios tienen el dinero que él está pidiendo; al no haber cambios, los abogados locales aseguraron que harán los señalamientos de manera formal ante el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
NOTIFICACIÓN
La‘gota que derramó el vaso lleno de agua, ocurrió la semana pasada, cuando el Juzgado Municipal tenía que notificar a la parte acusada de un litigio por la guardia y custodia de unos menores, así como la pensión alimenticia. Pero de manera sorpresiva Rogelio Reyes Rueda escondió el expediente en su oficina y al cierre indicó que ya había hablado con la parte a notificar, acordando hacer el procedimiento el martes de la siguiente semana, lo cual contraviene lo establecido por la ley, violentando los derechos y el libre desarrollo de los menores de edad. Sobre este caso específico también habrá una queja formal en el PJEV, siendo la principal exigencia de los litigantes que haya un cambio en la titularidad, por una persona que no anteponga su beneficio personal por encima de los derechos de los ciudadanos.
Be the first to comment