Alarma la desaparición de institutos de ecología y cambio climático

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La creación de instituciones para hacer frente al deterioro ambiental, al cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad, a la desertificación, entre otros temas socioambientales, no surgió por la voluntad de un gobierno, “fue resultado de muchas voces que llamaron la atención y colocaron en la agenda pública estos problemas”, advirtió la Red de Género y Medio Ambiente.

En un pronunciamiento ante “el desmantelamiento de las instituciones ambientales”, la red señaló que la creación de programas e instituciones para erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres ha sido también producto de luchas históricas de los movimientos de las mujeres, incluyendo organizaciones campesinas, urbanas, sindicales y ambientales.

Constituida por organizaciones civiles, académicas y activistas, la red se pronunció en contra de que se desmonten los institutos Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) “en aras de una austeridad mal entendida que, hoy como ayer, recaerá en las espaldas de las mujeres y hombres más desfavorecidos del país”.

En un escenario en donde los conflictos socioambientales y la persecución a defensores del medio ambiente se acrecientan, resulta indispensable fortalecer las políticas e instituciones que atiendan las causas que generan estas disputas por los recursos naturales y el territorio, advirtió

El cambio climático y sus consecuencias más que visibles demandan conjugar esfuerzos de todos los actores para hacerles frente y “ni qué decir sobre la crisis del agua que ya alcanza proporciones preocupantes, siempre con mayores consecuencias para la mayoría de la población en situación de desigualdad”, agregó.

Ante ello pidió abrir una discusión nacional con participación amplia y plural para fortalecer las instituciones ambientales y no su desaparición; avanzar en los marcos legislativos y programáticos que hagan respetar los derechos humanos y ambientales de acuerdo con las reformas a los artículos primero y cuarto constitucional. En especial lo referente a una Ley General de Agua y Saneamiento alineado al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

Con información de: La Jornada

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