VERACRUZ, EL GRAN PERDEDOR

AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez

Independientemente de los resultados electorales que arrojen los comicios de este domingo, lo cierto es que el único gran perdedor será el estado de Veracruz.

Y es que es muy lamentable que la entidad veracruzana haya ocupado el deshonroso primer lugar nacional en violencia política, sin que las autoridades estatales y federales hayan mostrado mayor interés y eficacia por proteger a las víctimas y combatir a los grupos criminales, los cuales, curiosamente, sólo se dedicaron a amenazar, golpear y asesinar a los aspirantes a las presidencias municipales, no a quienes contendían por las diputaciones locales o federales.

En un amplio texto titulado “Por qué Veracruz es el estado más peligroso de México en homicidios de políticos”, la agencia de investigación criminal InSight Crime analizó por qué nuestra entidad ha sido especialmente vulnerable a los intentos del crimen organizado por intimidar o asesinar políticos. Señala concretamente que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de Los Zetas Vieja Escuela se disputan el control del territorio veracruzano porque, “en primer lugar, tiene un atractivo especial por su ubicación geográfica para ejercer operaciones criminales”, ya que “es largo y estrecho, y toca otros siete estados que conectan el sur de México con Tamaulipas, la parada final antes del ingreso de narcóticos, contrabando y migrantes a Estados Unidos”, además de que “sus sólidas industrias de café y ganado, entre otros sectores agrícolas, ofrecen oportunidades de lavado de dinero y extorsión de residentes”, y sus puertos marítimos “traen cargamentos internacionales de mercancías legales, además de químicos precursores para la producción de drogas sintéticas”.

En segundo lugar, afirman, “es corriente que grupos criminales y políticos hagan acuerdos a puerta cerrada para poder operar”. El problema, dicen, “se remonta a comienzos de la década de 2000, cuando la administración del entonces gobernador Fidel Herrera le permitió el ingreso al estado a un grupo criminal (que con el tiempo llegaría a convertirse en Los Zetas), si estos acordaban hacer contribuciones a las campañas de algunos candidatos”.
Y consignan que “su sucesor, Javier Duarte, ayudó a cerrar nuevos acuerdos con Los Zetas y a obstruir numerosas investigaciones sobre homicidios y secuestros. Duarte, quien pasaría a ser un fugitivo de fama mundial, supervisó la destrucción sistemática del gobierno de Veracruz, hasta convertirlo en una operación criminal que, entre otras cosas, malversó millones de dólares”.
“Sus sucesores en la gobernación han intentado darle la vuelta a la corrupción, para lo cual han creado incluso una ‘Comisión de la Verdad’ que documente los delitos cometidos durante las administraciones de Herrera y Duarte, a la vez que refuerzan la rendición de cuentas de los futuros gobiernos. Pero no han logrado erradicar el problema a nivel local, lo que lleva a que la policía municipal, entre otros servidores públicos, sigan trabajando de la mano de los grupos criminales. Eso podría explicar por qué la mayor parte de la violencia ha arrastrado a candidatos municipales. Los grupos criminales deben asegurarse de que quien llegue al poder esté dispuesto a mantener el estado de cosas”, advierten.
Como tercera causa apuntan que “años de corrupción han contribuido a fomentar la fragmentación política, lo que les facilita a los grupos criminales apoderarse de gobiernos débiles, y que los gobiernos busquen la ayuda de los grupos criminales”.
“Durante años, Veracruz fue una plaza fuerte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero desde la destitución de Duarte en 2016, la gobernación del estado ha rotado entre el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena. Los partidos están cada vez menos dispuestos a colaborar entre sí, lo que implica que se hayan fragmentado los diferentes ámbitos del gobierno y no siempre coordinen sus esfuerzos contra el crimen organizado.
“En 2016, aunque el estado pasaba por una crisis presupuestal causada por el desfalco de Duarte, el gobierno federal rechazó darle auxilio financiero, pues adujo que el estado era responsable de su situación financiera. Mucho de ese dinero puedo haber reemplazado los millones de dólares que Duarte robó a los gobiernos municipales que los grupos criminales intentan intimidar hoy.
“Lo peor es que estas luchas intestinas en la política ponen a los candidatos en mayor riesgo de ser atacados”, alertan.
Sin embargo, exponen que “aunque el análisis de los homicidios políticos en Veracruz apunta a una fuerte participación del CJNG, esa no es la historia completa.”
Y refieren que de los 16 homicidios ocurridos en Veracruz, y registrados por el grupo de análisis de riesgos Etellekt, 11 fueron de partidos opositores al gobierno estatal. “Ocho eran opositores, no candidatos a reelección, y no tenían ningún cargo político al momento de su asesinato”, puntualizan.
“En un nuevo proyecto lanzado en junio de 2021, titulado ‘Elecciones y violencia en México’, Noria Research busca entender mejor los motivos detrás de la violencia política. La introducción del proyecto declara que la mayoría de los estudios explican la violencia política y electoral exclusivamente ‘mediante un modelo de incentivo criminal’, y dejan de lado ‘la participación activa o pasiva, la protección, la colaboración o el patrocinio de políticos (…) fuerzas armadas, así como otros actores públicos o privados’.
“Es difícil señalar con exactitud por qué los homicidios en Veracruz fueron perpetrados exclusivamente por grupos criminales o cuál puede haber sido la participación de funcionarios del gobierno local.
“Pero algunos de los muertos tenían conexiones familiares muy firmes con la política de Veracruz, que se extendía a varias décadas, administraciones y partidos políticos. Se han conocido muchas teorías sobre los homicidios, en febrero pasado, de Gladys Merlín Castro, exalcaldesa de Cosoleacaque, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, quien estaba contemplando lanzarse a las elecciones por la alcaldía local.
“Los Merlín Alor habían tenido poder e influencia en Cosoleacaque, al sur de Veracruz, durante décadas, a lo largo de las cuales ocuparon cargos políticos importantes, presidieron el sindicato local de ganaderos y fueron dueños de importantes empresas. Heliodoro Merlín Alor, padre y abuelo de las dos víctimas, era considerado un cacique, la cabeza de un grupo conocido como ‘La Banda de los Merlín’. La familia ha soportado una serie de atentados y secuestros.
“A lo largo de la historia, ‘los principales actores en la violencia electoral eran profesionales, peleadores callejeros, policías (sobre todo los municipales), activistas prosindicatos, pistoleros y soldados. Su función era garantizar la victoria del candidato favorito’, como escribía Paul Gillingham en un compendio reciente sobre la violencia política en México”, concluye el documento de InSight Crime sobre la serie de crímenes, amenazas y agresiones que en este proceso electoral 2020-2021 se dieron contra ex aspirantes y candidatos a las alcaldías de Veracruz.
Los autores de esta investigación, Max Radwin y Chris Dalby, afirman que “postularse a un cargo de elección popular en México es una actividad de alto riesgo”, pues refieren que “pocos días antes de las elecciones locales del 6 de junio, habían sido asesinados al menos 89 candidatos políticos durante la actual campaña”.
Citan un informe actualizado sobre violencia política en México que realizó Etellekt durante la campaña de 2021, el cual registró 782 actos de violencia tanto contra candidatos que buscaban reelegirse como contra sus opositores, lo que superó el récord de 774 casos reportados en el proceso electoral de 2018.
“El estado de Veracruz ha sido el epicentro de esta crisis. Desde septiembre, se han registrado allí 117 actos de violencia, lo que incluye el asesinato de 16 políticos (casi la quinta parte del total de muertes), pese a ser el octavo estado más violento del país en términos del total de homicidios. Oaxaca tiene el segundo mayor número de ataques con 68, casi la mitad de Veracruz”, resume lamentablemente InSight Crime.

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