Por Julio Escobar
Municipiosur.com
La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE), en Veracruz determinó imponer medidas cautelares a la síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yazmín Martínez Irigoyen, tras los hechos constitutivos de violencia política en razón de género en contra de Yolanda Sagrero Vargas, directora de Contabilidad adscrita a la Tesorería Municipal. Esta última acusó a la funcionaria pública de someterla a maltrato, humillación, hostigamiento, acoso laboral o mobbing y violencia política en razón de género. “En varias ocasiones durante las revisiones de la comprobación de viáticos de la Síndica, he tenido que realizar observaciones por algunos pagos que técnicamente serían improcedentes, lo que ha causado enojo de la Síndica contra mi persona, a tal grado de ser objeto de violencia verbal, al requerirle la comprobación completa, a lo que sigue una serie de oficios dirigidos a mi persona, diciendo que no tengo facultades, que usurpo funciones, entre otros calificativos”, declaró. Yolanda Sagrero Vargas expuso que dentro de las funciones que desarrolla, le corresponde la revisión de la comprobación de viáticos, “cajas chicas”, fondos revolventes, entre otras actividades y sobre todo la preparación técnica de los Estados Financieros. En tanto la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo, vinculó a la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLEV. Asimismo solicitó al Instituto Veracruzano de las Mujeres que, de acuerdo con sus funciones y atribuciones, brinde el asesoramiento y acompañamiento de la presunta víctima. De igual forma vinculó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la finalidad de que despliegue todas las acciones necesarias a fin de salvaguardar los derechos humanos de la denunciante que pudieran ser violentados. Y la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz y a la Secretaría de Seguridad Pública fueron vinculadas, para que, de manera preventiva y a efecto de evitar la posible consumación de actos irreparables en perjuicio de la denunciante, brinden su apoyo institucional y de acuerdo con el ámbito de su competencia y sus atribuciones. También se pidió a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE que realice el seguimiento a las medidas adoptadas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE y rinda informes de manera constante a la Secretaría Ejecutiva, respecto del cumplimiento por parte de las autoridades vinculadas. Por ello, la quejosa acudió al Tribunal Electoral de Veracruz, instancia que determinó que se perdió de vista que el cargo de la actora, pese a no ser producto de la elección popular, se trata de un puesto de confianza al interior de la administración pública municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Si bien la actora no fue electa mediante el voto popular, sino designada por el Presidente Municipal, según se advierte del nombramiento de la accionante, lo cierto es que, como se ha visto, ésta realiza funciones de mando y dirección en materia de contabilidad al interior del Ayuntamiento. Por lo que ordenó a la Secretaría Ejecutiva que, en caso de no advertir la actualización de una causal de improcedencia, admita la queja interpuesta por la actora y le dé el curso que en derecho corresponda.
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