Articulista Invitado
Por Héctor Yunes Landa
El documento no es más que una retahíla de agravios que ilegalmente intenta debilitar a los partidos políticos y desmantelar el sistema electoral veracruzano. Es una copy-page ajustada y convenenciera de lo que el Presidente de la República intenta en el ámbito federal.
Ocuparse de sus pretensiones políticas en medio de la pandemia es inmoral. La ignorancia suele ser osada, pero también perversa. Por ello, quiero referirme de manera puntual a tres asuntos que pintan de cuerpo entero el despropósito de sus promotores.
Primero. Se busca que la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular no podrán ser objeto de consulta, por lo que se cancela toda posibilidad de la revocación de mandato incluida en la Constitución.
“El pueblo pone y el pueblo quita” ha sido una expresión recurrente del Presidente de la República para alimentar su obsesión por estar siempre en una boleta electoral, la que, dada la pronunciada caída de su popularidad por el terrible manejo que le dado a la pandemia, debe estar reconsiderando.
Sin embargo, para un gobernador con los niveles de aceptación de Cuitláhuac García, la incorporación a nuestra legislación local de la figura de revocación de mandato sería, indubitablemente, un suicidio electoral. Por ello, los monaguillos veracruzanos del cuatroteísmo han decidido desafiar a su arzobispo primado.
Lo que deliberadamente los legisladores morenistas pretenden ignorar es que la Constitución no concede a los estados la decisión de realizar o no la consulta, sino solamente establecer el procedimiento. El artículo 116 constitucional, en su fracción I, señala: “Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad.”
De aprobarse, será la Suprema Corte la que enderece los entuertos de un morenismo retrógrada y autoritario como seguramente lo hará esta semana con la Ley Bonilla en Baja California.
Segundo. El desmantelamiento del sistema electoral, el debilitamiento del OPLE y la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos pretenden imponer al gobierno como el gran elector. Cancelar la figura de los Consejos Municipales rompe el principio legalidad que concede a los ciudadanos la potestad de la organización, desarrollo y cómputo de la jornada electoral.
El argumento de austeridad para estas reformas se cae por sí mismo cuando observamos, desde hace meses, que los aspirantes de Morena para las elecciones del próximo año, andan a “despensazo limpio” y realizan un activismo desenfrenado con recursos públicos, particularmente del DIF. No pretenden obtener un ahorro sino matar por inanición a sus adversarios.
Tercero. Aunque no forma parte de esta iniciativa, también se pretende reformar la Constitución local y conceder la condición de veracruzano a aquéllas personas que sean padre o madre de un veracruzano de nacimiento; este desvarío no es más que la necesidad personal de granjearse la voluntad de quien aspira a Gobernar Veracruz siendo originaria de otro estado y no teniendo ni madre, ni padre veracruzano.
Es una reforma que tiene dedicatoria a una sola persona. Quienes han querido embadurnar en esta triquiñuela al senador Ricardo Ahued, están fuera de foco. Ahued no necesita de vejigas jurídicas para nadar, por el contrario, representa el único activo político de Morena para poder sustituir en 204 días a Cuitláhuac y, de esa manera, proveer a este partido de alguna posibilidad de una supervivencia digna en los últimos cuatro años del cuatroteísmo jarocho. Si Morena opta por un perfil distinto para gobernar a Veracruz durante el próximo cuatrienio, su suerte estará echada mucho antes de llegar a las urnas.
Este martes podríamos ser testigos de uno de los episodios más oscuros y vergonzosos en la historia del Congreso de Veracruz.
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