Por Héctor Yunes Landa
Articulista invitado
En el primer caso, la iniciativa que se propone debilitaría los derechos de los ciudadanos y pondría en evidencia el fracaso de la estrategia para la pacificación del país. Significa además un retroceso a la reforma de 2008, volviendo a un modelo donde se privilegia –a través el fortalecimiento de la figura del arraigo- la presunción de culpabilidad antes que la de inocencia.
Organizaciones civiles y personas expertas en seguridad han alertado que se busca crear una “fábrica de culpables” y regresar a un sistema inquisitorio donde se podría legitimar la tortura y las violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, se considera tipificar nuevamente la difamación como un delito, lo cual se prestaría a la persecución de periodistas.
Sin embargo, un gobierno represor no resolverá la crisis de violencia e inseguridad que se vive en el país. Un año después, el gobierno federal adolece de una estrategia clara, concreta y realista que se sustente en datos y no en opiniones.
Durante 2019, el año más violento en la historia de México, todos los indicadores de delitos de alto impacto tuvieron un incremento: homicidio (2.48% / 35 mil 588 víctimas); extorsión (29% / 8 mil 523 víctimas); trata de personas (12.6% / 644 víctimas); feminicidio (10.3% / mil 6 víctimas, la mayoría de ellas en Veracruz); y secuestro (3.4% / mil 614 víctimas).
Al menos 95 personas fueron asesinadas diariamente, cifra que representa un aumento de 2.48% con respecto al 2018. Tenemos una tasa 5 veces superior a la tasa mundial. De hecho, si la Estrategia Nacional de Seguridad Pública no cumple sus objetivos de revertir esta incidencia, al final de este sexenio estaríamos contando una cantidad superior a las 200 mil muertes violentas, el equivalente a la tercera parte de toda la población de Colima.
Frente a esta realidad, el gobierno fortaleció su obstinada pretensión de desaparecer instituciones estratégicas en el combate a la delincuencia organizada. Sin el CISEN, el Estado mexicano carece de información de inteligencia y planeación estratégica; además, el irregular proceso de desaparición de la Policía Federal ha puesto a muchos de sus integrantes a un paso de ser reclutados por las organizaciones del crimen organizado.
Al mismo tiempo, se utiliza a la Guardia Nacional (GN) para la detención y persecución de migrantes indocumentados, cuando su propósito es combatir al crimen organizado y resguardar la seguridad de la población. Hasta ahora, más de 25 mil elementos han sido movilizados a la frontera sur, en cumplimiento de un acuerdo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.
En el extranjero ven a nuestro país como un lugar poco recomendable para invertir a causa de la creciente inseguridad y el endurecimiento de políticas económicas. Lo que ven de nosotros es la liberación pactada de un narcotraficante, la imagen de niños de Chilapa portando armas para defenderse de la delincuencia o la ausencia de foros tan importantes como en Davos, donde los países desarrollados sólo hablan de la violencia que se vive en México.
Pero todos estos problemas no se van a resolver endureciendo el sistema de justicia. De confirmarse el contenido de la iniciativa, se pondría en evidencia la desesperación de un gobierno rebasado por la violencia y la delincuencia. Ni la amnistía, ni el perdón, ni el olvido, han evitado que en el país haya más balazos que abrazos.
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados actuará con responsabilidad en la defensa de los derechos y libertades de los mexicanos. Si el gobierno federal desea recuperar la paz, se deben fortalecer las instituciones con las que ya contamos y mejorar la capacidad de nuestras fuerzas armadas.
Dotar de facultades extraordinarias al gobierno y al sistema de justicia sólo nos acercará a un Estado policiaco. Nadie desea volver al pasado.
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