Por Raymundo Jiménez
AL PIE DE LA LETRA
Este miércoles 8, en las inmediaciones de los Juzgados de Pacho Viejo, ocurrió un incidente público entre dos connotados abogados que hace sospechar sobre el trasfondo de por qué, coincidentemente después de que la Juez de Control Ludivina García Rosas determinó vincular a proceso al tesorero de Tuxpan, Pedro Benítez Domínguez, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal cuando en 2018 estuvo a cargo de la Tesorería Municipal de Actopan, el Fiscal Anticorrupción José Alfredo Corona Lizárraga acudió al Congreso del Estado para solicitar mediante el oficio número FECCEV/FA/006/2020 la suspensión y revocación del mandato del alcalde actopeño José Paulino Domínguez Sánchez y de la síndica Lucero Yazmín Palmeros Barradas, quienes desde hace un año habían presentado la denuncia penal en contra de Benítez por el presunto quebranto a las finanzas de ese otro ayuntamiento panista por casi 10 millones de pesos.
Según la versión de abogados que circunstancialmente presenciaron el airado reclamo de uno de los litigantes a su apanicado colega –el cual entró en shock y debió resguardarse en el cubículo de la juez Alma Aleida Sosa–, el motivo de la discusión habría sido por un presunto conflicto de interés.
Y es que cuentan que uno de los abogados, José Luis Jiménez Sada, defensor del ex subsecretario de Finanzas, Bernardo Segura Molina, actualmente preso en el reclusorio de Pacho Viejo relativo a la medida cautelar impuesta en el proceso 318/2019, se topó este miércoles en Pacho Viejo con el licenciado Rodolfo Martínez Valdés, quien precisamente acudía ese día al Juzgado de Control como abogado del tesorero tuxpeño Pedro Benítez.
Pero resulta que Jiménez Sada se ostenta también como asesor jurídico de la Secretaría de Salud, a cargo del doctor Roberto Ramos Alor –quien en octubre pasado denunció penalmente a Segura Molina y a otros tres ex funcionarios de la Sefiplan actualmente amparados, entre ellos la ex secretaria Clementina Guerrero–, y… de la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Corona Lizárraga, quien coincidentemente después de que la juez Ludivina García evadió desechar las pruebas que presentó el Ayuntamiento de Actopan y terminó vinculando a proceso al tesorero de Tuxpan defendido formalmente por su asesor jurídico Martínez Valdés, recurrió de inmediato al Congreso local para solicitar la suspensión y revocación del mandato del alcalde y de la síndica actopeña.
¿Pues de qué tamaño o monto habrá sido el interés? Dicen que quien debe saber cómo estuvieron los presuntos acuerdos con el suspendido tesorero de Tuxpan es el fiscal
especializado en litigación anticorrupción, Víctor Luis Priego López, asistente de Corona. ¿Será?.
CARVALLO RECIBE ‘REGAÑO DE REYES’
El que dicen que este 6 de enero se llevó tremendo regaño en vez de regalo de reyes fue el ex dirigente priista Jorge Carvallo Delfín.
Y es que cuentan que ahora que vino al puerto de Veracruz la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, para asistir al acto conmemorativo de la Ley Agraria de 1915, la ex gobernadora de Tlaxcala aprovechó para reunirse con la estructura de su partido con el propósito de analizar la situación actual del tricolor en la entidad y comenzar a organizarse hacia los comicios locales y federales de 2021.
Según trascendió, Carvallo, en tono sarcástico, preguntó a la representante del CEN del Revolucionario Institucional qué iban a hacer con los militantes que andaban apoyando a los nuevos partidos locales y nacionales que están por constituirse.
De acuerdo con la versión que circula, Paredes le recordó a don Jorge que cuando ella le tocó dirigir al ex partidazo, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, guía moral del cártel partidista al que pertenece Carvallo, también apoyó a otras fuerzas políticas, y que él mismo ahora –según le habían informado del mexiquense que asegura haber nacido en el municipio cañero de Lerdo de Tejada– estaba haciendo labor para el PVEM, cuyo membrete en Veracruz siguen regenteando dos jóvenes muy allegados a Herrera Beltrán: Marcelo Ruiz, quien formalmente figura al frente de la dirigencia estatal del partido del tucán, y Javier Herrera Borunda, hijo del ex mandatario veracruzano.
Carvallo, como todo mundo supone, salió de dicho encuentro con la cola entre las patas.
¿Alguien cree entonces que van a expulsar del PRI al diputado local Jorge Moreno Salinas y a otros operadores políticos del diputado federal Héctor Yunes Landa, acusados de estar trabajando para el nuevo partido estatal «Todos por Veracruz»?