* Javier Duarte se hace escuchar

Por Filiberto Vargas Rodríguez

Punto de Vista

Prefacio.

Avalado por las instancias del Comité Ejecutivo Nacional, esta semana Joaquín Guzmán Avilés asumió la Presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Veracruz. *** No ha tenido tiempo de sacar conclusiones sobre el proceso de entrega-recepción y, por lo tanto, hasta el momento no ha presentado objeción alguna acerca del desempeño de su antecesor, el yunista José de Jesús Mancha. *** No hace falta, sin embargo, que Joaquín Guzmán destape la cloaca que habrá encontrado en el manejo financiero del partido que hoy dirige. Ya lo hizo el organismo electoral. *** En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado miércoles, se dio a conocer que la Comisión de Fiscalización y su Unidad Técnica detectaron cinco irregularidades en el manejo de las finanzas del Comité del PAN en Veracruz durante 2018, justo cuando estaba al frente de ese organismo José de Jesús Mancha. *** Entre los gastos que el INE consideró irregulares, destaca el de 8.2 millones de pesos en gasolina, así como la aplicación de 3 millones de pesos en renta de mobiliario y 3.5 millones de pesos en la adquisición de alimentos para cursos que nunca se realizaron. *** Durante el bienio yunista (de diciembre de 2016 al 30 de noviembre del 2018) Pepe Mancha gastó a manos llenas. Contaba en ese entonces con el subsidio de su jefe, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; disponía de apoyos adicionales del Congreso local, donde había colocado a su lugarteniente, Sergio Hernández, y recibía jugosas ganancias a través de sus empresas y las que puso a nombre de sus familiares, todas trabajando para el gobierno estatal. *** De pronto le cerraron la llave y no tenía otra forma de mantener ese dispendioso ritmo de vida, que metiéndole la mano al cajón. *** Pronto pagará las consecuencias.

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Desde su sitio de resguardo, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, poco a poco el exgobernador de Veracruz recupera su capacidad de comunicación, beneficio que le fue restringido por al menos 45 días.

Esto se hizo notar luego de que el pasado miércoles subiera un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter, criticando el comportamiento de la senadora veracruzana del PAN, Índira Rosales, por haberle obsequiado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, un muñeco de la figura de Pinocho, a la vez que lo acusaba de mentir en su informe sobre el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

Este jueves Duarte de Ochoa volvió a utilizar sus redes sociales.

Celebró la liberación de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fuera primero Procurador de Justicia y después el primer Fiscal General del Estado en Veracruz, justo durante la administración duartista. Bravo Contreras había sido detenido acusado de participación en el delito de desaparición forzada de personas.

“Por más poderosos que sean los intereses que la impidan, la #Justicia tarde que temprano siempre llega, felicito a @luisangelbravo por lograr una victoria más en esta lucha en contra de lo que queda del yunato”. escribió Javier Duarte.

Y es que en los días recientes las noticias acerca de los procesos que enfrenta el exgobernador veracruzano, todas, han sido favorables.

El miércoles, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió un amparo al ex gobernador de Veracruz, pues consideró que hubo violaciones al debido proceso, por lo que quedó sin efecto la vinculación a proceso y prisión preventiva que le fueron decretados por el delito de tráfico de influencias.

Antes, el lunes 4 de noviembre, un tribunal federal le concedió otro amparo para anular un proceso en su contra por el delito de peculado por 220 millones de pesos.

Mientras todo esto sucedía, el Gobierno Federal falló en su último intento para validar los informes bancarios con los que pretendía que fuera juzgado Javier Nava Soria, un contador público que fue implicado en los presuntos desvíos de recursos de Javier Duarte.

El Décimo Tribunal Colegiado Penal determinó desechar un amparo que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que los documentos para comprobar los presuntos desvíos fueron obtenidos sin una orden judicial.

Desde su encierro, Javier Duarte se seguirá comunicando con los veracruzanos aunque, claro, lo hará con medida, pues esa fue la recomendación de las autoridades penitenciarias.

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Epílogo.

Otro que consiguió el respaldo de la justicia federal fue el doctor Leonel Bustos Solís, a quien le fue concedido un amparo contra la orden de aprehensión emitida el pasado 3 de abril, pues en consideración del juzgador, “no se encuentran satisfechos los requisitos constitucionales para la procedencia de la orden de aprehensión solicitada, específicamente que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito”. *** Donde las cosas no están saliendo bien es en la Fiscalía General del Estado. No acababa de ofrecer disculpas públicas el gobernador Cuitláhuac García a los familiares de tres jóvenes que fueron “levantados” por la policía municipal de Papantla y entregados a una banda delictiva, cuando se dio a conocer que un juez ordenó reponer el proceso de vinculación de los ocho policías implicados. *** Los uniformados fueron detenidos en marzo del 2016 por la detención arbitraria y la desaparición forzada de dos jóvenes: Luis Humberto Morales Santiago y Alberto Uriel Pérez, a quienes entregaron a un grupo delincuencial. En los mismos hechos detuvieron al joven Jesús Alan Ticante Olmedo. *** En marzo del 2018, un juez los condenó a 30 años de prisión y al pago de una multa por 296 mil pesos. Los policías promovieron amparos en contra de la sentencia y el 30 de septiembre del 2016 un juez federal resolvió conceder el amparo para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso. El 25 de octubre de 2016, la Fiscalía General del Estado presentó un recurso de revisión, que fue atendido por la Quinta Sala en Material Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que resolvió que se debe reponer el proceso de vinculación en contra los policías.

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