EL SÚPER COYOTE

Por Gabriel García-Márquez

La ganadería es una de las actividades productivas menos favorecidas por el gobierno, aun cuando es en este sector donde se generan empleos para veterinarios, agrónomos, vaqueros, peones, tractoristas, queseros y carniceros, entre otros que reciben beneficios indirectos que mantienen a un sinnúmero de familias en las zonas rurales del país.

Durante el gobierno de Felipe Calderón operó el programa PROGAN, que fue diseñado para incrementar el hato ganadero, entregando apoyos por cada vientre en existencia con la intención de que no se vendieran las hembras, para así impulsar la producción pecuaria y mejorar la productividad en el campo.

Este fue uno de los programas que sí funcionaron, pero al que con la llegada de Enrique Peña Nieto se le dio carpetazo y los ganaderos se quedaron sin apoyos, por lo que tuvieron que volver a echar mano de sus novillonas para capitalizarse y poder sostener su unidad pecuaria.

Con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reaparece el llamado crédito a la palabra, que fue presentado como una gran idea para combatir, dijeron, la delincuencia, entregando a cada productor una o dos hembras de ínfima calidad con la única ventaja de que eran con un financiamiento a fondo perdido. El requisito, tener menos de 30 cabezas para poder recibir este beneficio.

Como se publicó este viernes en Liberal del Sur, en la región sur del estado de Veracruz, se han recibido casi 3 mil solicitudes de las cuales solamente se han atendido 358.

Adicionalmente el gobierno federal, el de la 4ª Transformación, ha implementado un programa de Crédito Ganadero por un monto de hasta 200 mil pesos por productor, para la compra de 10 novillonas y 1 semental, valorados en 16 mil pesos cada hembra y 40 mil pesos para el semental.

EL NEGOCIO ESTÁ BUENO

Todo esto luce muy atractivo para los ganaderos, sobre todo para quienes no son sujetos de crédito de la banca comercial, si no fuera porque las compras de este lote de ganado no las hace directamente el productor, sino que el gobierno nombró a un representante regional, llámese coyote, quien realizará las compras.

Este “coyote oficial de la 4ª T” se encarga amablemente de adquirir las becerras con un peso de entre 250 y 300 kilos pagadas a un precio de 38 pesos el kilo, dando un promedio de 11 mil pesos por cabeza, cuando el precio autorizado es de 16 mil. Esto quiere decir que le queda una ganancia de 5 mil pesos por animal entregado al productor. ¿Quién sale beneficiado? El coyote. ¿Quién sale perjudicado? El productor.

De ese tamaño es el negocio para el “súper coyote”, que seguramente tendrá que pasar corriente a su superior, si no es que toda la ganancia se le queda a él.

Mientras tanto el ganadero, se queda con la carga del crédito por 200 mil pesos, que tendrá que pagar con la producción de las crías, pero como las becerras compradas no tienen aún el peso ideal de 300 kilos cuando menos para cargarse, esto sin hablar de la mala calidad de los animales comprados tendrán que esperar. El productor deberá entregar en 3 años 12 novillonas en pago.

Las quejas no se han hecho esperar de parte de los ganaderos que obtuvieron el crédito, porque no los han dejado opinar ni sobre el precio ni sobre la calidad de las novillonas adquiridas, porque por lógica a bajo precio, menor calidad.

Lo ideal habría sido que no hubiera intermediario y que todo fuera supervisado por las uniones ganaderas de la zona o por un supervisor de cada asociación ganadera y así la cosa habría sido distinta. Pero de esa manera no habría negocio para los de la 4ª T ni para el coyote mismo.

El negocio está bueno, 5 mil pesos por cabeza se llevará el coyote oficial de la 4ª Transformación, ¿Pues no que ya no habría corrupción? Por cierto, ese tema nadie lo ha tocado en las mañaneras.