PROSA APRISA
Arturo Reyes Isidoro
El año pasado, en noviembre, el IMSS le rescindió el contrato de una de sus guarderías en el puerto de Veracruz por tener registrados a niños que no asistían, por los que cobraba, con lo que causaba daño patrimonial a la institución. En su momento fue denunciado y tiene abierta una carpeta de investigación. Se busca que repare el daño que cometió. Obligó a sus trabajadores a salir a protestar en su defensa y con engaños logró que lo hicieran también padres de niños.
Ahora, en días pasados incitó a padres y trabajadores de su guardería en Cardel para que salieran a protestar (bajo un intenso sol, exponiendo a los niños) por el supuesto cierre de su parvulario, pero resulta que la guardería no es propiedad del IMSS sino suya, a pesar de lo cual el Instituto le vino ampliando la prórroga de un contrato que tenían, porque el servicio de guardería en esa localidad se licitó en tres ocasiones y se declaró desierta porque ni él ni nadie ha cumplido con los requisitos de Protección Civil para garantizar la seguridad y la protección de niños y trabajadores.
Pero no quiere que se le acabe el negocio no obstante que su guardería está ubicada a menos de 50 metros de una bodega de fertilizantes y de una recicladora de materiales inflamables, sitios que ante un incendio podrían causar una tragedia con pérdidas de vidas humanas. El contrato se venció el 31 de marzo y quiere que se lo sigan dando sin cumplir con los requisitos de seguridad que se le piden.
Mientras no se garantice la seguridad de los niños, de los trabajadores y hasta de los padres, las autoridades deben ser inflexibles. A nadie se le debe ni se le puede impedir que busque ganarse la vida, pero todo debe ser dentro del orden y de la ley. Nunca se debe olvidar el caso de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en donde en 2009 un incendio dejó un saldo de 49 niños muertos y 104 lesionados. Falta de medidas de seguridad y corrupción causaron la tragedia.
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